¿SON INVERSORES O ESPECULADORES?

La situación político-económica española me recuerda cada vez más a la fábula de los dos conejos de Tomás Iriarte. Para refrescar la memoria os recordaré que se trataba de dos conejos que discutían si lo que le perseguía a uno de ellos eran perros galgos o podencos, y en estas estaban discutiendo hasta que llegaron los perros y les dieron caza.

Y es que en nuestro caso los conejos que discuten se han transformado en PP y PSOE y los perros de caza son los mercados. Hay un pequeño matiz, que esta vez la decisión de los conejos no solo les inluye a ellos sino a también al resto de españoles (y quizá de europeos).

La decisión de anticipar o no las elecciones, la posible devolución de competencias por parte de las Comunidades Autónomas, la existencia de facturas en los cajones que descubrirían un défcit oculto en las Administraciones Públicas... Los dos principales partidos se encizañan en asuntos partidistas que poco o nada importan a la ciudaddanía y a este paso nos van a cazar los mercados.

Mientras tanto, la prima de riesgo crece sin remisión, la nota que dan las agencias calificadoras a nuestra solvencia se reduce paso a paso, y no se ven síntomas de mejora en la situación de la economía española que nos hagan ser optimistas con una recuperación de la larguísima crisis que estamos atravesando.

"¿Son inversionistas o especuladores?" Parecen preguntarse ambos partidos sin ponerse de acuerdo. Y es que la crisis española tuvo un origen económico, por contagio de una economía globalizada, y ahora que la mayoría de países la han superado, se ha establecido cuasipemanentemente en España debido a la crisis política.

Añadiré aquí la moraleja de la fábula, a ver si alguien es capaza de darse por aludido:

"Los que por cuestiones
de poco momento
dejan lo que importa,
llévense este ejemplo."

SOMOS UNAS INCOMPETENTES

Con el agua al cuello. Esta es la situación en la que se encuentran varias Comunidades Autónomas (CCAA) a la hora de afrontar sus pagos en los próximos meses. La situación es tal que se están planteando devolver al Estado algunas de las competencias asumidas en estos últimos años y que les resultan ahora demasiado costosas.

El conocido como "Estado de las Autonomías" nació con la vocación de descentralizar la labor del Estado en ciertas materias, lo cual, en teoría, nos debería haber conducido a una mejora de la gestión de los servicios.

Para ello, desde los años 80, se ha ido produciendo un proceso de transferencia de competencias, el cual ha ido acompañado siempre de un cambio en la normativa sobre la financiación que requería asumir estas nuevas tareas, es decir, qué parte de los impuestos deben recaudar las CCAA para poder hacer frente a la gestión de los servicios en que son competentes.

Este proceso comenzó tímidamente, con competencias más sencillas, y en los últimos años se ha acelerado, sobre todo por el largo período de bonanza económica (1994-2007). Así podemos ver cómo ahora son gestionadas por la mayoría de las CCAA áreas tales como sanidad, educación y justicia.

No veo con buenos ojos el que ciertas CCAA quieran ahora devolver competencias al Estado, porque sobre todo nos demuestra una falta absoluta de responsabilidad por parte de esos gobiernos. Es muy fácil asumir tareas cuando el viento sopla a favor y nos traen ingentes cantidades de presupuestos para manejar a nuestro antojo. Ahora, que vivimos tiempos de restricción presupuestaria, se quieren deshacer del "muerto".

Un segundo motivo por el qu no me gusta esa propuesta es porque da una mala imagen de España respecto del exterior, ya que demuestra que no tenemos claro el modelo de Estado que queremos tener.

Y en tercer lugar se nos plantearía otra cuestión que aparece demasiadas veces por causa de las legislaciones de ida y vuelta; una vez devueltas esas competencias al Estado ¿cuándo se reincorporarían nuevamente a las CCAA? ¿Quién establece que ya son otra vez competentes y cómo lo hace?

El acercar los servicios púlicos a los ciudadanos debe mejorar su gestión, pero no es algo que se haga bien de un día para otro. Repetiré por enésima vez; aprendamos de nuestros errores.

Por último, me gustaría dejar claro que una cosa es gestionar los servicios y otra muy distinta es legislar sobre esos servicios. Me parece bien que las CCAA tengan las competencias sobre materias muy importantes (sanidad, justicia, educación), pero estas áreas, por su importancia, solo deberían ser legisladas desde el Gobierno Central.

Esta bien que le pongamos los puntos sobre las ies al presidente del gobierno cuando hace mal las cosas, pero también deberíamos haber valorado a nuestros president@s autonómic@s antes de las pasadas elecciones del mes de mayo; porque me temo que, debido a la tendencia "antizapaterista", se ha castigado a candidatos del PSOE con capacidad para gestionar una Comunidad Autónoma, y, viceversa, se ha recompensado a candidatos del PP que ya habían demostrado su incompetencia.

SÍ al Estado de las Autonomías, pero está claro que debemos mejorarlo, sobre todo en su eficiencia.

SUELDOS "SIN ÁNIMO DE LUCRO"

El escándalo que ha rodeado a la SGAE me ha hecho reflexionar sobre la situación de las denominadas "Entidades sin ánimo de lucro".

Bajo esta denominación nos podemos encontrar una amalgama de sociedades, asociaciones y fundaciones con los fines más inverosímiles y que parecen encontrarse en una situación de poco control por parte de de las instituciones públicas.

Organizaciones sindicales, federaciones de empresarios, asociaciones de consumidores, ONG´s..., todas ellas tienen una consideración similar en nuestra legislación; teniendo para sus ingresos un sistema dual; por un lado las cuotas que se cobran a sus socios y por otro las ayudas y subvenciones públicas.

¿Por qué reciben estas entidades subvenciones públicas? La justificación vendría dada por la necesidad de crear una sociedad civil fuerte para apuntalar una sólida base en nuestra democracia, si bien con la época de recorte de gastos que vivimos se extiende cada vez más la opinión de que estas entidades se nutran exclusivamente de los ingresos de sus asociados.

Este sentimiento se agranda cuando surgen noticias que nos hablan de que la mayor parte de los ingresos de estas entidades se destina al pago de salarios, teniendo casos, como el comentado de la SGAE, donde no parece que el principio de no lucro de la entidad se extienda a sus directivos.

Es cierto que no podemos seguir con el sistema de subvenciones para todos, pero tampoco sería justo eliminar todas las subvenciones públicas para las entidades sin ánimo de lucro, porque, como siempre, acabarían pagando justos por pecadores.

¿La solución?, incentivar a las entidades sin ánimo de lucro a autofinanciarse ya sea mediante las cuotas de sus asociados, subvenciones privadas o donativos. Recibir subvenciones públicas únicamente en los primeros años de su vida y mientras no dispongan de un número determinado de asociados. Este último punto favorecería además que se evitasen monopolios u oligopolios como el de los sindicatos UGT y CCOO.

Respecto de los sueldos de los directivos de esta entidades, parece necesario, aunque solo fuese por una cuestión de imagen, establecer un límite en función de sus presupuestos. Porque, repito, las entidades serán sin ánimo de lucro, pero hay mucha gente que se está lucrando con los sueldos que perciben de ellas.

¿POR QUÉ NOS ENDEUDAMOS?

Nunca nos ha preocupado tanto la deuda como en estos últimos meses. Algo que antes parecía totalmente natural como era pedir dinero prestado, ahora parece que se presenta como un estigma, principalmente para las Administraciones y para las empresas.

Prácticamente todos nos endeudamos en algún momento de nuestra vida con el propósito de realizar una compra que de otra manera no podríamos hacer. El ejemplo paradigmático sería la solicitud de un préstamo para comprarnos una vivienda. Si no pidiésemos un préstamo difícilmente podríamos comprarnos una vivienda, siempre hay casos excepcionales, pero resultaría así para los más comunes de los humanos.

Al igual que los particulares, tanto las empresas como las Administraciones acuden a la vía del endeudamiento para financiar nuevas inversiones que en el caso de las primeras servirán para mejorar su competitividad o, en el caso de las segundas, para dotar de servicios a la ciudadanía (una nueva carretera, un hospital, etc.).

Podemos decir que endeudarse solo tiene una regla básica. Esta es que: con los ingresos que se puedan generar, se pueda atender al pago de la deuda. De lo contrario se genería un segundo problema, el déficit, es decir, que los gastos son superiores a los ingresos, o dicho de otra manera, dar pérdidas.

Ese noble fin del endeudamiento, se ha pervertido en los últimos meses y ha pasado a convertirse en la cabeza del dragón al que hay que derrotar como sea.

Es cierto que el nivel de endeudamiento de la economía española es altísimo y que se debe sobre todo a las familias y a las empresas. pero si analizamos los tres grandes agentes económicos podríamos encontrarnos con alguna sorpresa.

Las Admisnitraciones, si bien han visto crecer enormemente su endeudamiento, tendrían un porcentaje de deuda similar al de Alemania en términos absolutos. España tiene una deuda del 63% del PIB (la UE recomienda un máximo del 60%), mientras que Italia supera el 100% de endeudamiento. El problema principal del endeudamiento de las administraciones españolas es la poca capacidad de hacer crecer sus ingresos y que hacen creer a los prestamistas que atenderá con dificultad a los pagos de su deuda.

Otro problema que ha adquirido el endeudamiento de las Administraciones Públicas es que ha comenzado a utilizarse cada vez en mayor medida para financiar gastos corrientes (fundamentalmente los gastos de personal), en lugar de inversiones.

Este mismo problema lo tenemos en las empresas. Los préstamos han pasado de financiar fundamentalmente inversiones productivas (nuevas plantas, nueva maquinaria...) a utilizarse como un método de financiación del circulante de la empresa (proveedores, nóminas, etc.).

La empresa española está muy expuesta a la deuda, y el crecimiento económico  que se prevé a corto plazo no parece suficiente para poder atender a los pagos derivados de su endeudamiento; aunque la restricción al crédito para circulante por parte de los bancos está corrigiendo esta situación.

La situación más grave en mi opinión está en el endeudamiento de las familias. En los años de bonanza se han endeudado muy por encima de sus posibilidades, incluyendo en los préstamos hipotecarios gastos que no deberían haberse financiado por esta vía (compra de vehículo, mobiliario de la casa, vacaciones, etc.).

Sería interesante que quien decidió financiar su vehículo mediante la hipoteca de su vivienda, en lugar de con un préstamo personal, como debería haber hecho; hiciese un cálculo del costo final que tendrá ese vehículo, la sorpresa no será nada agradable.

Con respecto a este último caso sí que me gustaría pegar un tirón muy fuerte de orejas a la banca, que en muchos casos asesoraron mal a su clientes, haciéndoles creer que lo adecuado para financiar ciertos caprichos era aumentar el montante de su hipoteca.

Como ya he dicho alguna vez, de nada se aprende más que de los errores, así que espero que hayamos aprendido tod@s la lección.

y TÚ ¿CUÁNDO TE JUBILAS, ABUELITO?

Aunque parecía que ya hacía meses que se había aprobado la reforma de las pensiones de jubilación, no se aprobó realmente en el Congreso de los Diputados hasta ayer mismo (eso nos da idea de lo lentos que son los a veces los trámites parlamentarios, las cosas de palacio van despacio).

La reforma, aprobada con los votos de PSOE y CIU, no ha tenido grandes modificaciones respecto de lo que ya conocíamos, pero vamos a aprovechar hoy para hacer un repaso a cómo va a quedar el panorama cuando entre en vigor en el año 2013.

Los grandes titulares serían:

• La edad de jubilación se retrasa hasta los 67 años.
• El período para el cálculo de la pensión se basarán en los últimos 25 años cotizados.

Pero estos dos grandes titulares tienen matices, el principal es que la aplicación de estos nuevos márgenes se hará gradualmente. Así no será obligatoria la jubilación a los 67 años hasta el año 2027. Los nacidos en 1948 se jubilarán a los 65 años y un mes y se aumentará un mes la edad de jubilación cada año hasta el año 2018. A partir de ese año la edad de jubilación se aumenta en dos meses cada año. Así los nacidos en 1962 ya se jubilarán a los 67 años.

El cálculo de la pensión con los últimos 25 años cotizados será en el año 2022, hasta entonces se irá incrementando progresivamente cada año. Los jubilados en 2013 necesitarán 16 años cotizados, para los jubilados en 2014 serán 17 años cotizados y así sucesivamente.

Sin embargo hay ciertos matices que conviene detallar:

1. En el año 2027 (y en el período transitorio) seguirá siendo posible jubilarse a los 65 años, siempre y cuando se disponga de un período de cotización de 38 años y 6 meses como mínimo.
2. La jubilación anticipada se pasa a los 63 años y siempre que se tenga un período cotizado de 33 años. Como gran novedad, eta jubilación anticipada se admitirá también para los trabajadores autónomos. La edad de jubilación anticipada se puede reducir a los 61 años en casos de extrema crisis empresarial.
3. Otra novedad importante es que las madres que renuncien a trabajar para dedicarse al cuidado de los hijos podrán incluir en este período hasta 5 años que se darían como cotizados.
4. Para los discapacitados se impone una cotzación de 25 años para poder acceder a la jubilación.
5. El período mínimo de cotización para cobrar la prestación por jubilación se mantiene en los 15 años, correspondiendo a este período un 50% de dicha prestación.
6. Para cobrar el 100% de la pensión por jubilación se habrá de tener cotizados 38 años y 6 meses.

El sistema de cálculo de la pensión respecto a su cuantía, no se modifica.

La duda que me queda es ¿no habrá ninguna otra reforma del sistema de pensiones hasta el año 2027?

LA UNIÓN HACE LA FUERZA

La prima de riesgo está apretando de lo lindo a la deuda española y el gobierno parece atado de pies y manos para poder tomar una decisión que relaje la presión de los mercados. El quid de la cuestión: formamos parte de la unión monetaria del Euro y eso limita mucho el margen de maniobra para aliviar los problemas de nuestra deuda.

Con este panorama son cada vez más las voces que despotrican contra la unión monetaria afirmando que ha traído más problemas que beneficios y que se debería volver a la peseta para evitarnos crisis como la que estamos viviendo.

También es cada vez más frecuente oir, como ya hemos comentado en algún artículo anterior, que la culpa de nuestra situación la tiene la economía alemana por haberse hecho la unión monetaria a su gusto y capricho. Concretamente he podido oir esta semana que el elemento detonante de todo el problema de la economía española es la reunificación alemana...

No creo que tenga nada que ver la reunificación alemana con la burbuja inmobiliaria ni el endeudamiento masivo en España, favorecidos directa y/o indirectamente por políticas fiscales muy expansivas de los propios gobiernos españoles.

Y si así fuese, ¿por qué la misma reunificación no ha afectado a la economía holandesa (siguiente en tamaño de la zona Euro después de la española)?.

Insisto, la unión monetaria y el Euro son lo mejor que le ha pasado a la economía española, y nuestros problemas con la deuda nada tienen que ver con ello, sino con las malas costumbres alentadas o consentidas por los políticos.

Son más los aciertos que los errores en el camino que hemos recorrido dentro de la unión monetaria y no tendría sentido deshacer ese camino e iniciar una Europa a dos velocidades. Fijémonos en la otra gran unión monetaria  y que sirvió de inspiración para el Euro, los Estados Unidos de América.

¿Acaso las economías de diferentes estados de la Unión como Alaska, Florida, Michigan y Alabama son homogéneas? No, cada una tiene unas fortalezas y unas debilidades muy diferenciadas, sin embargo a nadie se le ocurre plantear que Alabama no puede formar parte de la mima unión monetaria que Michigan, por poner un ejemplo.

El gran error de la Zona Euro fue dejar la unión monetaria incompleta, sin la posibilidad de emitir deuda europea, eurobonos. Por eso vivimos pendientes de la prima de riesgo, el bono alemán es la referencia y los demás calculamos el costo de endeudarnos en función de él.

Aquí sí que cae la pelota en el tejado alemán, porque debe ser este país fundamentalmente (junto con Francia) quien acepte encarecer el coste de su deuda para salvar el mercado interior común. Por desgracia, no se ve en este momento una visión europeista en el gobierno germano.

ABRACADABRA

Empieza a desperezarse el candidato del PP para las próximas elecciones y ya nos está dando las pautas de lo que será su política económica en caso de ganar las próximas elecciones generales, cosa harto probable, todo hay que decirlo.

En primer lugar promete no recortar sanidad ni educación ni pensiones, los tres grandes núcleos de gasto de nuestro "estado de bienestar". Como propósito está bien, pero ¿podría mantener Rajoy su promesa en caso de una agudización de la crisis del Euro? Ante un eventual rescate de la economía española que exigiese nuevos recortes ¿qué haría Don Mariano?

Es más, vista la situación de refiscalización de las cuentas públicas que está desarrollando el PP en las autonomías donde ha arrebatado el gobierno al PSOE, y en el caso de que apareciese "déficit oculto" (verbi gratia Castilla La mancha) ¿no habría ningún recorte adicional?

No se debe prometer lo que no sabe si se podrá cumplir, pero estamos hablando de política, así que en caso de romper la promesa se acudirá a la vieja norma no escrita e echar la culpa al que estaba antes.

Tras la promesa de no hacer recortes en esos tres campos, ha fijado sus políticas económicas en tres puntos que pasamos a comentar.

1. Establecimiento del contrato único. Es decir, simplificar la contratación laboral mediante un único tipo de contrato. El candidato del PP ya ha anunciado que es consciente de que este punto le traerá conflictividad social, básicamente con los sindicatos, que desembocará en huelgas. Esto me preocupa, porque demuestra la intención de aprobar este modelo de contrato único sin acudir al diálogo entre los agentes sociales, tal como se ha venido garantizando durante todo el período democrático.

2. Bajada de impuestos a las Pymes. Consciente de que las reformas laborales no generan empleo per se, sino que solo son un elemento favorecedor para que las empresas creen puestos de trabajo, se quiere estimular con la bajada de impuestos la contratación. ¿Hay margen suficiente de bajada de impuestos como para que realmente sea un estímulo para el empleo?

3. Establecer un límite de deuda para las autonomías. Este es el nuevo caballo de batalla. El binomio deuda-déficit que tantos quebraderos de cabeza está dando a la sociedad española. Realmente este límite ya existía, pero decidió abolirse hace unos años. No olvidemos de que en las dministraciones Públicas hablamos de presupuestos basados en unos ingresos previstos, pero que pueden no cumplirse, así que el establecimiento del límite de deuda no será garantía del cumplimiento de objetivos de déficit.

En general no nos ha ofrecido grandes novedades, la única sería la del contrato único que ya vemos que será a cambio de una mayor conflictividad social. Lo bueno es que se basa claramente en la creación de empleo que es el mayor talón de Aquiles de la economía española. En el modo en que resolvamos el problema del desempleo iremos solucionando el déficit presupuestario por el aumento de los ingresos.

Echo de menos una mención a las reformas estructurales que necesitan la economía y la sociedad españolas para no recaer en el futuro en los mismos errores.

VUELVA USTED MAÑANA

Me he permitido copiarle el título al escritor Mariano José de Larra, porque el tema a tratar hoy es el del funcionariado público. Y es que ayer, el presidente de la CEOE, Juan Rosell, declaró que hay que "acabar con los funcionarios prepotentes e incumplidores", así como que el funcionariado es un "colectivo desproporcionado" y que hay que hacerles ver que "no son dueños de su puesto de trabajo".

Me temo que ayer, el señor Rosell hizo unos 4 millones de "amigos", que es aproximadamente el número de funcionarios públicos que existen en nuestro país. Y es que al hablar entre colegas durante una conferencia, le hizo dejarse llevar por los tópicos que recaen sobbre el funcionariado.

Los tópicos son injustos, porque generalizan situaciones y sirven para prejuzgar, pero también es cierto que siempre se basan en situaciones que han surgido y por tanto esconden una parte de verdad.

No creo que los funcionarios sean poco trabajadores, o al menos no peores que los trabajadores de la empresa privada, la diferencia está que en esta última el capital arriesgado no nos pertenece a todos sino a unos inversionistas que deberían preocuparse por su rentabilidad.

Los problemas de la función pública no son responsabilidad de los trabajadores sino de la extemporaneidad de su organización en pleno siglo XXI. Así podríamos señalar los siguientes puntos a mejorar:

1. Modernización de la estructura jerárquica. La tendencia moderna es a achatar la pirámide de cargos para agilizar tareas y facilitar los procesos. En la función pública esta pirámide es todavía muy grande y hace que surjan grandes ineficacias.
2. Reasignación de recursos. Probablemente no sobren funcioanrios sino que están mal asignados. Hay organismos que no dan abasto y otros en los que sobran recursos. Para esta reasignación sería fundamental una mejora sustancial del siguiente punto.
3. Flexibilización de tareas y conocimientos. No es posible que quien haga una tarea en una administración no sea capaz de realizar la misma o parecida función en otro organismo. Una mayor flexibilidad en los puestos de trabajo mejoraría su eficiencia.
4. Modernización de la política retributiva. Complementos salariales como el de antigüedad están totalmente desfasados en la administración moderna. No se puede pagar más a alguien por el mero hecho de haber sacado la oposición hace más años.

Todos estos puntos deberían ser complementados con un mayor control de los puestos de trabajo, labor que es competencia del Ministerio de Administraciones Públicas; pero debe resultar más fácil bajar los salarios de todos los funcionarios y que paguen justos por pecadores.

VIVA LA TERCERA REPÚBLICA

Se cumple hoy el 75º aniversario del golpe de estado (llamado alzamiento nacional durante muchos años) que provocó la Guerra Civil Española.

Apenas 5 años antes España había recibido con gran regocijo por parte de su sociedad el fin de la monarquía de Alfonso XIII y el inicio de la 2ª República Española. Se comenzaba así la procelosa y tormentosa década de los años 30 del siglo XX con una nueva perspectiva de lo que debía ser este país.

Pero este nuevo modelo de estado no pudo triunfar, básicamente porque no lo permitieron las malas compañías. y es que en los años 30 las dos ideologías de moda tan contrapuestas como el día y la noche, me refiero al fascismo y al comunismo, fueron las peores influencias que pudo tener la bisoña República Española.

Los extremismos ideológicos acabaron con la República. Así tenemos como ejemplo que el gran pensador español de la época, Ortega y Gasset, abrazó el nuevo sistema polítco siendo incluso diputado, pero acabó renegando de él al constatar que había sido manipulado a su antojo por esas ideología no democráticas.

El 18 de julio comenzó un período oscuro, gris y triste en la sociedad española que se cerró en falso con la asunción de una monarquía parlamentaria, la cual fue útil durante la transición (recordemos el intento de golpe de estado del 23-F), pero a la que en el año 2011 cuesta ver como modelo de estado.

La sociedad española ha madurado y exige esa misma madurez a sus instituciones, lo que hace cada vez más incomprensible que el jefe de estado reciba el cargo por herencia familiar.

Asimismo, esta falta de democracia en la figura de la jefatura de estado hace que el cargo sea meramente representativo, sin opinión política, al no tener una legitimidad popular en su origen, y esto acaba debilitando al propio estado.

La democratización de las instituciones debe iniciarse de arriba hacia abajo. y será más fácil que partidos políticos, sindicatos y la sociedad en general tengan una democracia real, si la figura máxima del estado democrático así lo hace.

Por suerte, 75 años después, son ya muy pocos los españoles que están dispuestos a matar por su ideología.

VERDE, QUE TE QUIERO VERDE

Cerramos hoy la serie de capítulos sobre la reforma fiscal. Hemos hablado estos días de las propuestas que se están haciendo desde el PSOE (del PP no conocemos ninguna, por lo menos yo), y así hemos repasado el copago sanitario, los impuestos sobre la banca, el impuesto sobre el patrimonio y la tasa al transporte por carretera (ver archivo para leer los artículos).

Hoy para variar, seré yo quien haga una propuesta para la reforma fiscal. Y es que en todo este tema echo en falta lo que podríamos llamar fiscalidad ecológica, es decir, penalizar fiscalmente actitudes que vayan contra el medio ambiente.

Me sorprende que no haya aparecido este tema en las propuestas fiscales, siendo como es, un enorme campo de desarrollo recaudatorio. Hasta ahora apenas se ha contemplado y abarca ámbitos como vehículos, transporte, vivienda, inversiones, empresas, etc.

La filosofía sería sencilla, que pague más el que más contamina. Tendría un fuerte apoyo social y, al igual que sucede con impuestos como el del alcohol o tabaco, quedaría en su mayor parte a voluntad del contribuyente el ser más ecológico y pagar menos o aportar más a las arcas públicas.

Además al poder ser aplicable en muy diferentes campos, contribuiría al equilibrio presupuestario de todas las administraciones: estatal, autonómica y local.

El mayor "pero" que se le puede poner es su control en la aplicación práctica. Debería estar muy claro cuál va a ser el hecho imponible para evitar grandes bolsas de fraude fiscal, pero es el mismo problema que ya existe con muchos tributos.

La existencia de unas tasas ecológicas, junto al resto de impuestos indirectos (IVA, impuestos especiales...) deberían contribuir a que cada uno viva dentro de sus posibilidades, cosa que estos últimos años no se nos ha dado muy bien a los españoles.

YO PARA SER FELIZ NO QUIERO UN CAMIÓN

Cuarto día de la semana y cuarta entrega sobre la reforma fiscal que nos proponen desde el PSOE. La propuesta de hoy no es del candidato a las próximas elecciones, P.Rubalcaba, sino del Ministro de Fomento y Portavoz del Gobierno Don José Blanco.

La idea consiste en cobrar una tasa a los transportistas que utilicen la red de autovías en España. Se fundamenta en la necesidad de pagar el alto costo del mantenimiento de nuestra red de autovías por parte del transporte pesado, que es el que más las deteriora.

Las asociaciones de transportistas ya han puesto el grito en el cielo, ya que este ha sido un sector que ha sufrido mucho empresarialmente en los últimos años, sobre todo por el aumento de los precios de los combustibles; y el pago de una tasa por desgaste de autovías sería la puntilla final para muchos profesionales del transporte, y es que debemos tener en cuenta que es un sector con muchos autónomos con un único camión.

La supervivencia de las empresas del transporte dependería de la facilidad y la rapidez con la que traspasen el peso de esta tasa a los consumidores, porque sí, aunque la tasa sea para los transportistas finalmente será pagada por todos los consumidores.

En este país más del 80% de las mercancías se transportan por carretera, así que el aumento de los costos del transporte se acaba repercutiendo a todo tipo de productos (alimentos, mobiliario, etc.). Ya sucede con las subidas de los combustibles; si bien como el precio de estos es más variable tarda un tiempo en traspasarse a las mercancías trasnportadas; sin embargo con una tasa fija el traslado será inmediato.

En definitiva, una nueva tasa para las clases medias.

EL IMPUESTO CONTRAATACA

Tercer capítulo de la serie iniciada el lunes acerca de la reforma fiscal. Continuamos con otra propuesta del candidato del PSOE, Alfredo P.Rubalcaba, el Impuesto sobre el Patrimonio.

La verdad es que como novedad tiene muy poco, por no decir nada, ya que hasta el año 2007 se ha estado liquidando este impuesto, que, por cierto, no recaudaba el Estado sino las Comunidades Autónomas.

Bien, como decía, el Impuesto sobre el Patrimonio se suprimió en 2007, durante el primer gobierno Zapatero, así que me cuesta un poco entender por qué lo que se hizo hace 3 años ahora ya no es válido. ¿Será que la decisión tomada entonces era mala?

Se suprimió el Impuesto sobre el Patrimonio porque se consideraba un tributo desfasado, que ya había sido abolido en la gran mayoría de países europeos, realmente se había quedado como un elemento de control sobre el patrimonio que ya no era necesario, por disponer de dicha información mediante otras fórmulas.

También presentaba otro problema, y es que no gravaba ninguna generación ni movimiento de rentas sino la mera tenencia de un elemento patrimonial. Fijémonos que en el caso de inmuebles se volvía a gravar lo que ya había tributado por el Impuesto sobre Bienes Inmuebles. Esto le hacía difícilmente comprensible por los contribuyentes, ya que resulta obsoleto.

Además, con el tiempo, el Impuesto sobre el Patrimonio, se había ido nutriendo de las clases medias y medias-altas, porque cualquier familia con una segunda residencia y unos pequeños ahorros se encontraban con la obligatoriedad de liquidarlo.

Ahora se quiere retomar el impuesto centrándolo en las clases altas con grandes patrimonios. Parece ser que se desconoce que desde hace muchos años, los grandes patrimonios están a nombre de sociedades (sobre todo las famosas SICAV) que ya antes no tributaban por Patrimonio.

Puede ser que la idea sea hacer tributar por su patrimonio a las sociedades, pero resultaría difícil por 3 causas:

1. Difícil de justificar legalmente.
2. Muy complicado de controlar por parte de la inspección de Hacienda. Supongo que sólo se gravaría la inversión patrimonial no productiva, lo que hace recaer en la empresa el estimar si su patrimonio está afecto o no a la actividad de la empresa.
3. En el caso de las SICAV provocaría una salida de capitales al extranjero buscando mejores condiciones fiscales. Algo bien sencillo de hacer en una economía tan globalizada como la actual.

La intención es buena, pero la forma es complicada en el momento actual.

CON LA BANCA HEMOS TOPADO, AMIGO RUBALCABA

Continunado con la serie iniciada ayer sobre la reforma fiscal necesaria en España, vamos a ocuparnos de ese nuevo impuesto a la banca que propuso el candidato del PSOE, Alfredo Pérez Rubalcaba.

Sinceramente, veo inviable la institución de un impuesto como tal que se dedique a gravar única y exclusivamente el beneficio bancario. Y lo veo inviable por un mero hecho jurídico, ¿qué justificación legislativa tiene el aplicar un impuesto a la banca y no a otros sectores con grandes beneficios?

Tal como nos ha sido expuesto (gravando los beneficios), la forma de ponerlo en práctica sería con un incremento del tipo impositivo del Impuesto sobre Sociedades para las empresas dedicadas a la actividad financiera. Este tipo incrementado ya existe para las empresas del sector hidrocarburos, pero aquí se puede justificar el incremento por el uso por parte de estas empresas de los recursos naturales y su impacto medioambiental.

Si se establece como un impuesto sobre el beneficio tampoco podrá afectar al cobro de bonus por parte de los Consejos de Adminsitración, ya que estos bonus serán un gasto deducible para la empresa como retribuciones y se cobrarían antes del pago de impuestos sobre beneficios. 

Incluso en el caso de que se hiciese tal cual nos han contado, como un impuesto directo sobre el beneficio a la banca, habría un inconveniente más. No creo que los bancos tardasen mucho en trasladar el sobrecoste del incremento tributario a los clientes medios vía comisiones o mediante el encarecimiento de los préstamos. Al final se trasladaría el nuevo impuesto a las ya saturadas de tributos clases medias.

Podrían dar a este "impuesto" otra forma y constituir un fondo para la creación de empleo de obligado cumplimiento, con lo que no tendríamos otra cosa que una ampliación a los bancos de la obra social que ya venían ejerciendo las cajas de ahorro. Precisamente en este último año se ha llevado a cabo un proceso de bancarización de las cajas de ahorros, así que no sería otra cosa que deshacer el camino hecho y amplificarlo a nuevas entidades. Poco probable.

La manera de que los bancos no salieran aparentemente indemnes de la crisis financiera y la compartieran con los ciudadanos sería la asunción de medidas de control que eviten riesgos, así como el cumplimiento de las muchas y muy buenas que ya existen y parecen haber sido ignoradas durante los años de bonanza económica. No creo que haya ninguna actividad más controlada que la financiera, pero ¿quién controla al controlador?

LA AMENAZA FANTASMA

El PSOE ya tiene a su flamante nuevo candidato oficial para las próximas elecciones generales y con él los puntos principales de su programa electoral, entre los que voy a destacar el que hace referencia a la corrección de desigualdades sociales, es decir, la política tributaria.

Dedicaré los artículos de esta semana a analizar las posibles y/o probables reformas que se prevén en nuestro sistema fiscal y para empezar nada mejor que echar un vistazo al llamado copago sanitario.

Y es que con la intención de racionalizar el gasto en sanidad se está promulgando la necesidad de que los ciudadanos veamos el costo de nuestro sistema sanitario. Parece ser que no hay mejor forma para ello que tener que pagar una cantidad "simbólica" de dinero cada vez que acudamos a la consulta médica.

En primer lugar voy a poner en duda la etimología, ya que de copago nada de nada desde el momento en el que todos los cotizantes a la Seguridad Social ya pagamos mediante nuestras cotizaciones mensuales. Así que en estos casos deberíamos hablar de "repago sanitario".

Para que realmente se pudiese denominar copago el cobro por consulta debería recaer en quienes no cotizan, fundamentalmente niños y ancianos. Espero no ver nunca el día en el que eso ocurra...

En segundo lugar, si lo que se quiere es hacer tomar conciencia a la gente del costo que tiene nuestro sistema sanitario, se me ocurre que lo que se debería "penalizar" son los comportamientos que hacen malgastar los recursos. Se me ocurren dos ejemplos de esta situación.

1. Siempre nos quejamos de que los servicios de urgencias están saturados y que en muchas ocasiones esto es debido a la utilización de este servicio como médico de cabecera. "Me duele la garganta y voy a urgencias, tengo fiebre y voy a urgencias..." El cobro de una cantidad simbólica por el uso de este servicio cuando no se trate realmente de una urgencia mejoraría la calidad del servicio y disminuiría costes a medio y largo plazo.

No estoy diciendo que se cargue todo el costo a quienes acudan a urgencias si no se están muriendo, pero sí el cobro de una cantidad que desincentive a pseudo-hipocondríacos. Nadie que realmente crea que está grave evitará el pago de, pongamos 10.-€, por poner en juego su vida.

2. En muchas ocasiones hay ciudadanos que piden cita a sus médicos pero luego no acuden a dichas citas sin justificación alguna. Esto hace tener que dotar recursos al sistema sanitario que muchas veces quedan ociosos. El cobro de una nueva cantidad simbólica a quienes mantienen estas actitudes ajustaría los recursos médicos a la demanda real.

Tal como hemos oído hablar del copago sanitario, al final no se convertiría en otra cosa que una carga más sobre las clases medias. Las clases bajas quedarían exentas de su contribución por no disponer de recursos y las clases altas disponen de recursos que les permiten pagarse seguros privados.

Por descracia, me temo que se llevará a cabo un "copago sanitario universal" sin tener en cuenta estas ideas y recayendo en su totalidad sobre las clases medias. ¿Qué apostamos?

DELENDA NOVA CARTAGHO

Atacar a bancos y banqueros se ha convertido en algo recurrente por parte del gobierno. Si ayer comentábamos que el vicepresidente Rubalcaba culpaba a los bancos de los impagos de las hipotecas, es ahora su compañero de Trabajo, Valeriano Gómez, el que quiere sacudirles en las costillas fiscales a los banqueros.

La idea “revolucionaria” es aumentar el tipo impositivo por IRPF a las grandes rentas. Para variar, no nos dan una idea concreta ni aproximada de lo que consideran grandes rentas, pero parece ser que se acercaría a los 500.000.-€ anuales.

Ya el año pasado hubo un incremento de los tipos de IRPF. En esa ocasión se consideró que a partir de 120.000.-€ ya era un nivel alto de renta. Incluso a partir de 175.000.-€ se puso un tipo del  45%, aunque este porcentaje dependiendo de autonomías puede llegar hasta el 49%

Es curioso, pero en aquel momento, en lugar de esa subida fiscal se propuso primero un Impuesto sobre grandes Rentas. Aquella idea fracasó, pero se ve que la memoria es efímera. Fracasó no por falta de intención política, sino porque un impuesto de ese carácter podría considerarse que tiene carácter confiscatorio y, precisamente, hay un principio jurídico tributario de no confiscatoriedad.

Tampoco sería ninguna solución presupuestaria, porque ¿cuántos sueldos hay por encima de 500.000.-€? Puede que dos mil o tres mil como mucho… Además son sueldos que ya tributan como mínimo a un 45%, ¿cuánto más se podría subir su tipo fiscal? ¿Hasta un 53%-56%? En el mejor de los casos pongamos que se aumentaría la recaudación en 300 millones de euros (un 0,5% del importe que se espera recaudar este año por IRPF).

Los políticos sacan su calculadora electoral de votos y ven rentable tomar la medida porque afecta a muy poca gente y tiene buena imagen frente a la gran mayoría de la sociedad. Pero nos venden humo. Se está entrando en el juego de repetir como mantra el que los banqueros son los culpables de la crisis.

Es el viejo estilo de repetir una vez tras otra una consigna hasta que sea asumida por todo el mundo, al viejo estilo romano Delenda Carthago (hay que destruir Cartago). Pues ya hemos encontrado una Nueva Cartago, los bancos.

Por cierto, hace pocos días supimos la noticia de que el exministro Pedro Solbes ha fichado como asesor del banco  Barclays…

EL MILAGRO DE "PEPUNTO"

Los tiempos siguen revueltos tanto en lo político como en lo económico, así que bajo la premisa de que la mejor defensa es un buen ataque, el vicepresidente del gobierno y futuro candidato a la presidencia nos ha sorprendido con un ataque a los bancos.

Pero parece que el candidato se está imponiendo ya al vicepresidente y la campaña de imagen está en marcha. Estamos ante Alfredo P.Rubalcaba, sustituyéndose su primer apellido Pérez por P., motivo inspirador del título del artículo.

El mencionado ataque a los bancos de Pepunto echa la culpa de las hipotecas impagadas directamente a los bancos, argumentando que la responsabilidad no es del que la pide sino del que la da. Nos encontramos con el viejo dicho de que contra el vicio de pedir está la virtud de no dar.

Dicho de otra manera, la culpa nunca cae al suelo. Si buscamos bien siempre podemos encontrar un chivo expiatorio que nos solucione la papeleta.

Es cierto que ha habido un endeudamiento muy alegre de familias y empresas, pero también es cierto que esa filosofía de vida de endeudarse hasta las cejas ha sido algo general, ¿o acaso el estado y los partidos políticos no han hecho lo mismo? ¿Y no es también cierto que existen instituciones públicas que son quienes deben vigilar el nivel de endeudamiento (volumen y calidad) de los bancos?

Me temo que Pepunto busca un milagro que le permita el mejor resultado posible en las elecciones venideras, ha sacado su calculadora electoral y ha visto que hay muchos más ciudadanos que banqueros.

Por cierto, que el milagro no acaba aquí. Pepunto afirma conocer la receta para reducir el paro, ese sí que sería el auténtico milagro de Pepunto.

ALGO HUELE A PODRIDO EN LA SGAE

El mes de julio ha comenzado con un fuerte debate sobre los derechos de autor. La causa, la imputación judicial de la directiva de la SGAE, principal sociedad que se encarga de gestionar los derechos de autores y editores en España.

Por todos es conocida la polémica que mantiene dicha sociedad con la mayoría de la sociedad civil, lo que ha hecho que sea una organización con muy poca popularidad, o mejor dicho, ser una de las instituciones más odiadas por los ciudadanos de a pie.

Somos muchos los que consideramos justo el cobro por parte de los autores de sus derechos, para que pueda seguir generándose cultura, lo que no tenemos tan claro es la manera de gestionar el dinero que se recauda en nombre de esos derechos de autor.

El primer punto caliente son los criterios que se tienen para cobrar los derechos, ya que se ha impuesto un sistema de cánones que hace obligatrio pagar por derechos de autor por comprar cds grabables o al hacer una fotocopia; y todo por el mero hecho de existir una susceptibilidad de realizar copias de discos, películas o libros.

El segundo punto sería el reparto de la recaudación. ¿Llega el dinero realmente a los autores? El público tiene la sensación de que solamente ganan dinero con todo esto una élite dento del mundillo artístico.

Incluso podría ir más allá y poner en duda que los autores cobren por su creatividad artística, ya que una cosa es ser autor y otra muy distinta es tener los derechos de autor; pero vamos a centrarnos en el motivo de la detención y posterior libertad con cargos de la cúpula de la SGAE.

La SGAE es una entidad sin ánimo de lucro, es decir, no debe tener beneficios, el dinero que recauda debe de llegar a sus socios una vez descontada la parte de los costos de la gestión. El problema con la justicia viene porque se han creado una serie de sociedades mercantiles (están sí que tienen ánimo de lucro) y que se han encargado de prestar diferentes servicios a la SGAE a cambio de sus correspondientes comisiones.

Casualmente estas sociedades pertenecían a personas que o formaban parte de la dirección de la SGAE o tenían un avinculación con esta directiva. Es decir, se ha creado una trama de empresas para lucrarse con los derechos de autor.

La SGAE se ha convertido en un monopolio que maneja el mercado a sus gusto, un mercado de muchos millones de euros. El foco perfecto para que se produzca el fraude. Y así ha sido según parece indicar la actuación judicial, aunque habrá que esperar al veredicto final.

El caso es grave. Se ha estado desviando dinero que pertenecía a los autores (esos a los que la SGAE dice que defiende), dinero que es pagado por todos los ciudadanos.

OTRA VEZ A 120 KM/H

Tras algo menos de cuatro meses, ya podemos ir otra vez por las autovías españolas a 120 km/h. El pasado marzo se tomó la decisión de urgencia de rebajar la velocidad máxima a 110 km/h por la carestía del petróleo y se anunció como una medida temporal. Así os lo comentamos en un artículo en el que ya os anunciábamos nuestra opinión sobre este asunto:

http://econonius.blogspot.com/2011/03/velocidad-maxima-110-kmh.html.

Una vez pasado el plazo impuesto, la incertidumbre se apoderaba de los conductores, ¿habría bajado el petróleo lo suficiente como para retomar el anterior límite o se debería prorrogar la reducción?

El Consejo de Ministros decidió que ya se podía volver a la normalidad, porque había desaparecido la causa que motivó la rebaja. Ya se había ahorrado suficiente. Pero se filtró que esta opinión no fue unánime y que el Ministro de Industria se mostró contrario a regresar a los 120 km/h, lo que deja algunas dudas de la decisión acordada.

En cualquier caso, la medida ha sido vendida como un nuevo éxito del gobierno. Se actúa rápido y bien, tomando las decisiones acertadas en el momento justo.

Sin embargo a mí me surgen ciertos interrogantes con todo este tema:

• ¿Cómo han medido el ahorro? Que haya descendido el consumo de combustibles no tiene por qué ser una consecuancia directa de ese descenso del límite de velocidad.
• ¿Cuánto se ha incrementado la recaudación por multas de tráfico? Yo ya conozo algún caso de gente que ha recibido sanciones en las que no habría incurrido de haber permanecido el límite en 120 km/h.
• ¿Por qué se incrementa la velocidad justo antes de la primera operación salida de vacaciones? El Ministerio de Economía no está ingresando lo que esperaba (ver nuestro artículo de ayer), así que parece un buen momento para dar un empujoncito a los ingresos vía Impuestos Especiales (gasolina).
• Si ahora se produce un aumento en el número de víctimas de accidentes ¿se podría haber evitado manteniendo el límite máximo en 110 km/h?

Espero que todo este asunto de modificar los límites de velocidad haya sido algo pasajero, porque solo ha servido para desconcertar a la gente ante una medida difícil de comprender tal y como se ha expuesto y desarrollado.