EL FINAL DE LA DEDUCCIÓN POR VIVIENDA

Las cuentas públicas siguen sin cuadrar, básicamente por dos motivos: 1- por la falta de crecimiento económico y 2- por la ausencia de una reforma en la Administración.

 

Para solucionarlo hay persistentes rumores que apuntan a la eliminación de la deducción por vivienda, una de las pocas que disfrutan una gran mayoría de ciudadanos.

 

Desde Bruselas verían con satisfacción la eliminación de dicha deducción y, hasta ahora, el gobierno español se ha mostrado dócil en el cumplimiento de las "sugerencias" propuestas desde la ciudad belga.

 

 

En resumen, algo se barrunta y la afirmación del Secretario de Estado de Hacienda apresurándose a negar la eliminación de la deducción por vivienda no ha dejado tranquilo a nadie, sobre todo teniendo en cuenta los precedentes en los que ya se ha eliminado la parte de la deducción por vivienda sobre el 15% actual.

 

 

 

¿Cómo podría actuar el gobierno para contentar a sus jefes de Bruselas y a sus otros jefes (los electores españoles)? Se plantean varios escenarios a elegir:

 

1.- Limitar la posibilidad de deducirse por vivienda para rentas hasta un determinado nivel de renta. Ya se hizo algo así en el gobierno anterior; consistiría en permitir la deducción tan sólo a las rentas más bajas.

 

2.- Limitar el nº de años en que puede haber deducción. Imponer un límite temporal desde la adquisición de la vivienda a partir del cual ya no se pueda seguir deduciendo por el préstamo.

 

3.- Reducir el porcentaje de deducción o la cantidad máxima a deducir. Actualmente el porcentaje es el 15% y la base máxima sobre la que deducirse es 9.000.-€

 

 

Antes de elegir su opción, el gobierno deberá sacar su calculadora y ver el impacto económico de cada opción. Actualmente el coste para Hacienda de la existencia de la deducción por vivienda es de 1.800 millones de euros, pero debe contar con los pros y los contras de cualquier opción.

 

Los contras principales pueden ser la sensación de total inseguridad jurídica que suponen los cambios legales a posteriori, la posibilidad de aumentar los impagos de hipotecas a la banca o el incremento de la desigualdad económica y social.

 

¿Qué opción elegirá el señor Ministro? Se admiten apuestas. Yo apostaré por la opción número 3.