Nuestros políticos y buena parte de economistas han hecho de la estabilidad presupestaria su totem y de la reducción del gasto público una obsesión.
Ayer anunció la nueva y flamante presidenta de la Comunidad Autónoma, y Secretaria General del PP (no lo olvidemos), Dolores de Cospedal su plan de reducción del déficit presupuestario que se basa en una disminución del 20% del tamaño de dicho presupuesto. En total, una reducción del gasto de 1.815 millones de euros para cumplir con el objetivo de déficit. Y todo ello sin disminuir el gasto social ni subir impuestos.
Cierto es que el déficit en esta comunidad autónoma parece disparado con un 375% más (a mitad de año) del presupuestado para todo el ejercicio (el 4,9% de déficit contabilizado a fecha de junio, cuando el objetivo y compromiso para todo el año era del 1,3%); lo que obligaba a tomar medidas. Aunque las medidas más urgentes más que por el déficit en sí vienen por la posibilidad de la quiebra y suspensión de pagos. Caja Castilla La Mancha está intervenida por el Banco de España y no puede seguir financiando los desbarajustes económicos del gobierno autonómico.
Dentro del plan de recorte de gastos los hay simbólicos, como podrían ser la venta de acciones de empresas, la venta de vehículos oficiales o la reducción de la subvención a los sindicatos. Digo que son simbólicos porque el importe que suman entre los 3 estaría en torno a los 35 millones de euros (apenas un 2% del recorte propuesto).
¿Cómo se va a llegar hasta los 1.815 millones de reducción del gasto? Pues principalmente a través de 2 medidas:
Reducción de las infraestructuras sanitarias en 400 millones de euros. Paralización de nuevas obras y venta de inmuebles para su posterior alquiler, al estilo de lo que está haciendo CiU en Cataluña.
Ahorro de 391 millones de euros en gasto de personal, que deberá basarse en el despido de interinos y empleados de empresas públicas, ya que los funcionarios no pueden ser despedidos.
Me quiero centrar especialmente en este segundo punto. Como hemos dicho el ahorro en personal supondrá despidos, el nuevo gobierno de la comunidad autónoma lo estima en 8.000 personas (lo que nos daría un coste medio de 50.000.-€ por persona despedida), sin embargo el PSOE, ahora en la oposición, incrementa los despidos hasta 14.000.
Sea como fuere, 8.000 o 14.000 nuevos desempleados directos, supongo que esta gente tendrá derecho a cobrar su prestación por desempleo, lo que incrementará el gasto a las arcas del Estado y reducirá los ingresdos por IRPF y por cotizaciones sociales. Y hay un punto más preocupante, son miles de personas que ven reducidos sus ingresos y que dejarán de gastar como antes, con la consecuente contracción del consumo que afectará a las empresas en sus resultados y puede generar la espiral de nuevos despidos, consecuencia indirecta del recorte presupuestario.
Al final Castilla La Mancha va a ser el "laboratorio de políticas económicas" del PP, y servirá para ver si se debe imponer la reducción del déficit por encima de todas las cosas o se debe de relajar el objetivo de la estabilidad presupuestario y centrarse en el crecimiento económico.
Por mi parte, con este drástico recorte presupuestario auguro un lastre muy pesado para el crecimiento de esta comunidad autónoma en los dos próximos años y sin crecimiento no habrá mejora en el empleo, se reducirán los ingresos y no se cumplirá el objeto del déficit. Un recorte menos abrupto acabaría reduciendo el déficit con un efecto menos traumático en el empleo.
En economía debemos fijarnos en los ciclos y evitar los cambios bruscos, adaptando estos a las curvas que esos ciclos describen. La señora Cospedal mira a largo plazo y estima que son su plan en 2014 creará crecimiento y empleo, pero aunque eso fuese así ¿qué pasa en la vida de esos miles de personas desempleadas, directa o indirectamente, por el recorte presupuestario durante los próximos 2-3 años?
El gasto público se ha convertido en el monstruo maligno y Cospedal de la Mancha no tiene al lado ningún Sancho Panza que le advierta de que son molinos de viento.
Etiquetas: POLÍTICA ECONÓMICA