UNA PROPOSICIÓN DECENTE

Ya se ha presentado la propuesta de reforma fiscal que el gobierno encargó a un grupo de expertos. No se trata de un dogma a cumplir, pero sí que serviría al gobierno como punto de partida para la redacción del proyecto de ley que deberá negociar después en las Cortes.

No voy a analizar aquí que impuestos suben y cuales bajan, porque eso lo podéis ver en cualquier periódico perfectamente redactado por periodistas profesionales y con sesudas editoriales explicativas. Yo sólo voy a hablar aquí de las lineas generales en que se basa la propuesta.

Bajada de impuestos.

Ni asomo de algo que se pueda considerar una rebaja general de impuestos. Se reorganizan impuestos de tal manera que unos suben y otros bajan, concretamente se propone bajar impuestos directos (IRPF, Sociedades...) y subir impuestos indirectos (IVA, Especiales...) para compensar la bajada de los primeros. Lo comido por lo servido.

El fin de la propuesta de reforma fiscal presentada trata más de aumentar la recaudación, la presión fiscal, que disminuyó abruptamente desde el 37 al 31% con la crisis. España sigue sin cuadrar las cuentas del déficit público y sería raro que viésemos bajadas generales de impuestos mientras dure esta situación.


Devaluación fiscal.

Ojo a este concepto porque lo vamos a oir muchas veces en los próximos meses. Consistiría en la práctica en reducir las cotizaciones sociales que paga la empresa, para conseguir así una reducción del coste laboral. Con esta medida se pretende aumentar el nivel de empleo y favorecer las exportaciones de bienes al exterior.

Para compensar la pérdida de recaudación que tendría la caja de la Seguridad Social (que actualmente tiene un déficit de 10.000 millones de euros) y garantizar el sistema público de pensiones, se propone una subida de los impuestos indirectos que serviría para financiar determinadas prestaciones.


Unidad de mercado.

El informe hace hincapié en la necesidad de unificar en cierta manera el mapa fiscal que se ha visto distorsionado por la regulación fiscal de las autonomías. Aquí el problema es básicamente político y parece difícil que las comunidades autónomas (todas) den su brazo a torcer en esta cuestión


Fraude Fiscal.

La propuesta presentada pasa casi de puntillas sobre este tema. Quizá la idea más ambiciosa consistiría en la unificación de los departamentos de gestión y recaudación de la Agencia Tributaria y de la Seguridad Social.

En cualquier caso hay que recordar que este informe tan sólo es una propuesta y que será el gobierno quien haga la redacción definitiva de la reforma fiscal. Estaremos atentos .

VALOR INÚTIL

Hemos sabido esta semana que el Tribunal Constitucional da luz verde a que el gobierno de Castilla La Mancha rebaje los salarios de sus parlamentarios.

Esto sucede en momentos en los que la sociedad española ve a su clase política como el segundo problema más acuciante y existe una percepción de sobrevaloración del salario de los políticos. ¿Es cierto que los salarios de los políticos son demasiado altos? Pues es relativo. Como argumento frente a la opinión de los salarios altos está la comparación con el exterior, donde vemos que los políticos españoles tienen salarios menores que los de otros países de nuestro entorno. 

El dilema entre ambas posturas residiría en la diferencia existente entre precio y valor. El precio sería el dinero que pagamos por un bien, en este caso sería el salario; mientras que el valor se referiría en este caso a la utilidad que proporciona el bien.

Restrinjo al valor a la utilidad y omito el factor escasez, que también es efecto determinante en el precio. Así lo estableció Adam Smith al hablar de la paradoja del valor entre el agua y los diamantes; el primero es un bien vital pero suele ser barato, mientras que los segundos tienen un alto precio aunque no sean útiles debido a su escasez.

Decimos que rechazamos para el caso del salario de los políticos el factor escasez ya que, a diferencia de otros puestos de trabajo, no se exigen requisitos académicos ni de habilidades concretas, por lo que cualquier persona que caiga en gracia a quien realiza las listas (cerradas) electorales puede convertirse en parlamentario.

Curiosamente para cualquier puesto de trabajo con un salario inferior a 1.000 euros mensuales se puede exigir una titulación universitaria media, un cierto nivel de inglés hablado y escrito, tener carnet de conducir y un vehículo propio; por el contrario el parlamentario no requiere titulación universitaria (aunque si lo desea puede engrosar "falsariamente" su currículo), no necesita hablar idiomas porque tiene a su disposición un servicio de traductores y la falta de carnet de conducir y vehículo lo subsana con el cobro de dietas por desplazamientos en primera clase o la disponibilidad de un vehículo oficial.

En resumen. Si existe la idea de que los políticos cobran mucho es por la falta de percepción de una utilidad que revierta a los ciudadanos desde la labor política  y acorde a los salarios.