¿CÓMO PUEDEN SUBIR LOS IMPUESTOS SIN QUE SE NOTE?

Ya se han presentado los Presupuestos Generales del Estado para el año 2014. En palabras del Ministro de Hacienda son los presupuestos de la recuperación económica.

 

Uno de los puntos en los que el gobierno más ha querido insistir ha sido en el hecho de que no habrá subidas de impuestos para el año 2014, lo cual también podría parecer lógico porque ya los ha subido todos. Aunque también es cierto que nuestros políticos más que de hablar de subidas de impuestos suelen gustar de términos como "cambio de ponderación" o "ajuste en las políticas fiscales".

 

Sin embargo me gustaría recordarle al Ministro 4 formas de subir impuestos indirectamente y que se han producido o producirán:

 

 

1.- Por la devaluación de la renta. La inflación afecta a la pérdida de poder adquisitivo de los ciudadanos y esta pérdida no suele ser reflejada en los impuestos. Así por ejemplo, en el IRPF no se actualiza el mínimo personal por lo que, si la renta se aumentase en el IPC correspondiente, se produciría una pérdida de capacidad económica al aumentar la base que tributa.

 

2.- La ampliación de las bases imponibles. Esto va a suceder con el cambio en el IVA de ciertos productos sanitarios. No hay una subida directa de impuestos al no modificarse los tipos, pero realmente aumenta la fiscalidad de los compradores, concretamente en este caso del 4 ó 10 al 21% (hasta 5 veces más).

 

3.- Eliminación de deducciones. El caso más común de este apartado ha sido la eliminación de la deducción por la adquisición de vivienda habitual. Aunque se hubiesen mantenidos constantes los tipos impositivos, la eliminación de la deducción hace que aumente la carga fiscal del contribuyente.

4.- Creación de nuevos tributos. Como por ejemplo el nuevo impuesto medioambiental que gravará las instalaciones de aire acondicionado.
 

Que no nos cuenten milongas, hay más maneras de subir impuestos que la mera subida de tipos.

UNA HORA MENOS EN ESPAÑA

Según cuentan, en España antaño teníamos el mismo horario que británicos o portugueses (una hora menos), el que nos correspondería por huso horario. Sin embargo durante la IIª Guerra Mundial este horario fue modificado para ajustarnos a la hora de Berlín. Al finalizar la guerra no se revertió el cambio y por ese motivo vivimos en un horario adelantado al solar y que puede ser responsable de la alteración de nuestros ritmos circadianos.

 

También cuentan que durante la posguerra se generalizó el pluriempleo y ello obligaba  a madrugar para hacer una jornada laboral a comer tarde y a hacer una pausa de 2 horas antes de afrontar la segunda jornada diaria.

 

 

De esas dos peculiaridades, una histórica y otra económica, surge el actual ritmo de vida español con largas jornadas laborales (y poco productivas) que se interrumpen durante 2 ó 3 horas para comer y que acaban pasadas las 20 horas. Después un prime time televisivo que empieza a las 22 horas y termina siempre pasada la medianoche.

 

Por todo esto la Comisión de Igualdad del Congreso de los Diputados ha solicitado un estudio para ver la viabilidad de regresar al horario de Greenwich que nos correspondería. El objetivo sería fundamentalmente racionalizar los horarios vitales para poder conjugarlos más fácilmente con los laborales y familiares.

 

Cierto que el pequeño desbarajuste hispano influye en la falta de la conciliación, y esto afecta especialmente a las mujeres quienes siguen llevando principalmente la gestión del hogar y la familia a la vez que forman parte del mercado laboral; sin embargo parece difícil que el mero cambio del horario por vía legal vaya a poder cambiar las costumbres arraigadas.

 

De hecho existe ya una normativa que regula la conciliación de la vida laboral y familiar que de momento parece haber tenido escaso éxito en el cambio de mentalidad de los españoles. Así que creo que sería más útil un esfuerzo individual que, por mor de las sinergias, se convertiría en colectivo.

ÉTICA EMPRESARIAL Y DE CONSUMO

El Círculo de Empresarios ha realizado una propuesta encaminada a rebajar el salario mínimo interprofesional (SMI) para ciertas contrataciones de jóvenes en paro. Con ello se mejoraría el empleo juvenil, dicen.

 

Recordemos que actualmente el SMI es de 645,30.-€/mes. Con esta cifra parece difícil que haya un recorrido significativo en el importe de la rebaja; lo cual, a priori, tampoco permitiría una rebaja significativa del desempleo juvenil.

 

Lo que sí que nos apunta esta propuesta es la dirección en la que previsiblemente irá la 2ª parte de la Reforma Laboral y que se dirigirá a la flexibilización de la contratación; es decir, facilitar administrativamente la adaptación del contrato de trabajo a la necesidad de la empresa.

 

 

Como siempre, lo que es una necesidad en la pequeña empresa (donde la contratación de un trabajador es un proceso complicado y del que depende gran parte del futuro de la empresa) se convierte en una ventaja para medianas y grandes empresas, ventaja que normalmente va en detrimento de los trabajadores de esas empresas.

 

Que las relaciones entre empleados y empleadores debe flexibilizarse parece obvio, ya que los trabajadores es la parte más importante y a la vez la más sensible dentro de las relaciones empresariales, por eso no se puede dejar a la empresa en una posición de dominio tal que puede inducir al abuso. ¿Cómo contraponer esa posición de dominio del empresario frente al trabajador? Apelando a los "jefes" de los empresarios, sus clientes.

 

Se promulgó en 2011 una Ley de Economía Sostenible en cuyo objeto, entre otros, estaba favorecer el empleo de calidad y la cohesión social. Varias Comunidades Autónomas habían hecho sus pinitos al respecto aprobando leyes para inculcar la responsabilidad social empresarial. Sin embargo toda esta letra se convierte fácilmente en papel mojado.

 

En España se debe empezar a inculcar una ética empresarial real y que por el lado del empleo se concrete en la redacción de una política retributiva y de contratación de la empresa y que sea de acceso público, como lo son los balances de las empresas. Esta ética empresarial se debería completar con la ética del consumidor, porque en última instancia somos los consumidores los que damos el éxito o el fracaso a las empresas.

LARGA VIDA AL CIUDADANO

En el año 2012 la esperanza de vida disminuyó en España, quedando en 78,87 años para los hombres y 84,82 años para las mujeres. El descenso fue tan solo de unas décimas pero el dato es relevante porque se rompía la tendencia de medio siglo de crecimiento de la esperanza de vida.

 

A buen seguro que la crisis económica está detrás de esta disminución, sobre todo si tenemos en cuenta que fue también hace medio siglo cuando se comenzó a construir un sistema público de pensiones en nuestro país con la aprobación de la Ley de 1963 de Bases de la Seguridad Social. Por aquel entonces la longevidad de los españoles apenas llegaba a los 67 años y la de las españolas los 72. El establecimiento de una renta digna tras la jubilación y la mejora en los hábitos de vida de la tercera edad logró hacer crecer en 12 años las expectativas vitales de los españoles en tan solo 50 años.

 

Los recortes en los servicios básicos como la sanidad pública (fundamentalmente el copago farmacéutico) y el reciente cambio en el cálculo de pensiones haciendo de éstas el chivo expiatorio del déficit presupuestario [en los ejercicios con déficit las pensiones se limitarán a crecer un 0,25% independientemente del nivel de inflación (que nunca ha sido menor que ese porcentaje) y en los ejercicios con superávit ya veremos] seguirán previsiblemente empujando hacia abajo nuestra calidad de vida y, por tanto, a nuestra longevidad.

 

Pero esta vinculación entre déficit y pensiones ha sido el primer paso de la reforma posponiéndose para el año 2022 la segunda parte y que consistirá en relacionar también la cuantía de las pensiones con la esperanza de vida de los españoles; a mayor longevidad menor importe de la pensión.

 

Todas estas decisiones se conforman como un ataque al Estado de Bienestar y un más que probable foco de creación de bolsas de pobreza en la sociedad, donde se ha obligado a millones personas a aceptar un brusco cambio de las reglas de juego que sólo pueden ser "mitigadas" con un mercado laboral cercano al pleno empleo, una auténtica utopía en la economía española actual.

 

Se ha empezado la casa por el tejado, recorriendo una senda de reformas económicas que parte de los recortes en los servicios públicos básicos, a continuación se centra en el mercado laboral y terminará adaptando de mala manera el modelo económico y productivo. Un mercado laboral precario para un modelo productivo sin I+D, sin valor añadido y sin la productividad que debería buscar.

EL TRABAJO A TIEMPO PARCIAL GANA DERECHOS

La tradicional rigidez del mercado laboral español ha tenido uno de sus "talones de Aquiles" en la contratación a tiempo parcial, es decir, contratos que no abarcan la habitual jornada de 8 horas diarias.

 

Este tipo de contratación se ha utilizado fundamentalmente para el acceso al mercado laboral de muchas mujeres que encontraban así una cierta manera de conciliar la vida laboral con la familiar (pero ese sería otro tema).

 

Sin embargo, a la hora de acceder a las prestaciones públicas a las que da derecho la cotización a la Seguridad Social, las personas que habían cotizado con este tipo de contratos se encontraban con que se les exigían períodos de cotización fuera de toda lógica. Así por ejemplo, si para acceder a la prestación por jubilación la normativa general exigía un período mínimo de cotización de 15 años, en el caso de un contrato a tiempo parcial de 2 horas al día (el 25% de la jornada normal) esos 15 años de cotización hasta que no se había cumplido un período de 60 años: 15 años / 25%.

 

Esta clara discriminación fue llevada ante la justicia europea obteniendo la reclamante el fallo favorable del Tribunal de Justicia de la UE; fallo que fue después refrendado a nivel nacional por el Tribunal Constitucional. La jurisprudencia producida desembocó en la aprobación el pasado mes de agosto del Real Decreto-Ley 11/2013 de Protección a los trabajadores a tiempo parcial.

 

La nueva reglamentación viene a reconocer el derecho a las prestaciones sociales contributivas de las personas con contrataciones a tiempo parcial en las mismas condiciones que el resto. Así, desde ahora, para el caso que exponía anteriormente, la persona requerirá haber cotizado 15 años y no 60 y su prestación se calculará en función de su base de cotización.

 

Lo más sorprendente es que en las últimas horas la ministra de Empleo, Fátima Báñez, se ha apuntado el tanto en la reforma de la protección de los trabajadores a tiempo parcial, olvidando que si no hubiese habido una valiente que reclamó ante instancias europeas el gobierno no se habría preocupado de reparar tal situación y que ha sido la Justicia quien le ha obligado a legislar de esta manera.

 

Concretamente la ministra incide en que es un "acuerdo histórico" sobre todo para las mujeres, apuntándose así dos tantos; uno frente a las clases trabajadoras y otro frente al colectivo de las mujeres. Lo raro es que no le haya atribuido el mérito a la Virgen del Rocío, su gran aliada (según la propia ministra) contra el paro.

¡BUENO, PUES ESTO YA ESTÁ!

"España vive una recuperación económica a una velocidad que no era esperable", fin de la cita. El citado es nada menos que Cristóbal Montoro, ministro de Hacienda y AAPP, y la frase la dijo hace 3 días. Los fundamentos para hacer esta afirmación los establece sobre tres pilares: la reducción de la prima de riesgo, el saldo positivo de la balanza por cuenta corriente y la baja inflación.

 

Respecto de la mejora en el saldo de la balanza por cuenta corriente incluso llegó a afirmar que era un "fenómeno inédito" para un país con un tipo de cambio fijo en su moneda.

 

Probablemente por la interpretación confusa que pueden tener estas declaraciones frente a la realidad que vemos los ciudadanos, el ministro de Economía, Luis de Guindos, afirmó ayer que "España deja atrás la recesión"; y dijo recesión que no crisis porque no son sinónimos. Con recesión se refiere únicamente al PIB que, según el Ministerio de Economía, estaría empezando a crecer levemente durante este tercer trimestre de 2013.

 

 

Es importante tener muy claro (y esto no nos lo van a contar desde el gobierno) que la recuperación económica se comenzará a notar exclusivamente en las grandes cifras macroeconómicas (déficit público, inflación, endeudamiento, PIB...) que son conceptos abstractos para el conjunto de la ciudadanía.

 

La magnitud económica fundamental que servirá para medir la salida de la crisis es el empleo, del cual poco o nada se habla de momento; y antes de que se cree empleo deberá llegar el crédito a las pymes, lo que de momento tampoco está sucediendo.

 

Se echa de menos una explicación sincera por parte del gobierno acerca de la situación económica del país; realista, con un guiño al optimismo pero alejada de triunfalismos espurios para obtener réditos políticos.

 

Mientras se siga destruyendo empleo (lo veremos en la EPA de este trimestre) y en el Financial Times sea noticia que en España un 25% de los menores de edad tienen problemas de malnutrición o que los colegios abrieron en verano no para dar clases sino para poder asegurar tres comidas al día a los niños (como se hizo en Andalucía);  cualquier discurso político que se base en cantar las excelencias de la recuperación económica chirriará en nuestros oídos como un tenedor arañando un plato de porcelana.

CUESTIÓN DE MODELO

Los datos del paro del mes de agosto han sido objeto de todo tipo de comentarios. Probablemente si el gobierno no hubiese vendido a bombo y platillo el éxito que la cifra de paro iba a suponer, la rebaja en ¡31! personas en las listas de las oficinas de empleo no habría sido objetivo de chanzas e ironías cuando no de enfados.

 

Por supuesto que los políticos podrán con sus jerigonzas intentar convencernos de la bondad del dato, ya que lo habitual en otros meses de agosto fue que el paro aumentase y, como media, en 24.000 personas. Aunque quizá también se debería tener en cuenta que este año la campaña turística veraniega acabó el 1 de septiembre por ser éste un lunes. Pero olvidémonos de "El Club de los 31" y centrémonos en datos más objetivos.

 

Este mismo mes de agosto la afiliación a la Seguridad Social ha descendido en casi 100.000 personas, es decir, hay 100.000 personas menos cotizando y colaborando a engrosar la caja de las pensiones y ésta es una medida más fiable de la construcción o destrucción de empleo. La realidad es que en España hay trabajo para menos gente, independientemente de si se apuntan o no al paro.

 

Y, como cada vez que tenemos cifras de empleo, sale a la palestra la misma cuestión ¿es adecuada la reforma laboral para mejorar el mercado laboral? Sin embargo creo que debemos ir un paso más allá y preguntarnos ¿cuál es el modelo productivo que tenemos? ¿es el que queremos?

 

El modelo productivo es el conjunto de actuaciones del Estado para favorecer el desarrollo de determinadas actividades económicas. En nuestro caso el gobierno ha preferido basar su modelo en dos sectores: el turismo y la construcción. Sí, aunque parezca mentira también la construcción, de hecho se espera, confía y desea que una vez superada la actual burbuja inmobiliaria se pueda retomar el dinamismo en el sector de la construcción. Por contra se ha eliminado todo atisbo de un modelo fundamentado en el I+D, prueba de ello son los gravísimos apuros económicos que está atravesando el CSIC (Consejo Superior de Investigaciones Científicas).

 

La industria, sector de creación de riqueza y estabilidad laboral, se ha visto obligada a abordar el mercado exterior y exportar lo que no puede vender en el mercado interior debido a la caída del comercio por la falta de renta de los españoles. Sin embargo, el esfuerzo exportador se está basando en la reducción de los costes laborales, de los salarios. 

 

Por tanto, con un modelo productivo basado en sectores con una temporalidad muy alta y en la reducción de costes laborales, es normal que el mercado laboral deba adaptarse a esta situación.

 

Urge un cambio radical en el modelo productivo.

EL ORDENADOR SE AUTODESTRUIRÁ 3, 2, 1 ...

Por si el caso de supuesta financiación irregular del Partido Popular (el caso Bárcenas) estuviese poco enredado nos hemos encontrado con un penúltimo capítulo, más rocambolesco si cabe que todos los anteriores. La destrucción de los discos duros de los ordenadores que el ex-tesorero del partido tenía en la sede del mismo.

 

El juez encargado del caso, siguiendo con su instrucción, solicitó al PP la entrega de los ordenadores que el Sr Bárcenas utilizó en su cometido laboral y que según palabras de la Secretaria General del Partido, Mª Dolores de Cospedal, estaban custodiados. La "sorpresa" se produjo al descubrir que uno de los discos duros de los 2 ordenadores había sido formateado (borrado) y que el otro ordenador carecía incluso de disco duro ya que, según el propio partido, éste había sido destruido.

 

 

Alegan los responsables de la eliminación de la información que es la legislación vigente sobre protección de datos la que obliga a tales prácticas; enunciando para ello el art.92.4 del RD 1720/2007 que desarrolla el reglamento de la Ley de Protección de Datos. Este artículo dice literalmente: "Siempre que vaya a desecharse cualquier documento o soporte que contenga datos de carácter personal deberá procederse a su destrucción o borrado, mediante la adopción de medidas dirigidas a evitar el acceso a la información contenida en el mismo o su recuperación posterior". Y aquí comienzan los matices y las interpretaciones de la norma.

 

El art.92.4 habla de datos de carácter personal; ¿a qué se refieren los datos de carácter personal? Según el PP son datos de carácter personal del Sr Bárcenas pero que no formaban parte de la actividad como tesorero, por lo tanto han sido legítimamente borrados desde el momento en que se terminó la relación laboral entre ambas partes. Sin embargo cuando la Ley de Protección de Datos habla de datos de carácter personal se refiere a datos de cualquier persona que tuviese un vínculo con el PP y aquí podrían entrar los datos de empleados, afiliados o donantes del partido.

 

El propio reglamento de la Ley de Protección de Datos indica en el art.94.1 que "Deberán establecerse procedimientos de actuación para la realización como mínimo semanal de copias de respaldo, salvo que en dicho período no se hubiera producido ninguna actualización de los datos". Según esto si los ordenadores contenían datos de carácter personal deberían haberse realizado copias de seguridad que contuviesen esos datos.

 

Seguramente a este respecto el PP puede alegar que los datos de obligada conservación se almacenan en un servidor común y que pueden entregar una copia al juzgado en su compromiso de colaboración y transparencia en este caso.

 

Lo que es cierto es que la Ley de Protección de Datos no obliga a conservar datos que no existen y, como es lógico, la contabilidad B de los partidos "no existe". Para probar la existencia de lo inexistente la actuación judicial debería haber sido rápida y sorpresiva, como tantas veces hemos visto en la tele cuando grupos de la Policía o la Guardia Civil entran en sedes de organizaciones o en viviendas particulares requisando cualquier ordenador antes de que sea limpiado.