ALGO HUELE A PODRIDO EN LA SGAE

El mes de julio ha comenzado con un fuerte debate sobre los derechos de autor. La causa, la imputación judicial de la directiva de la SGAE, principal sociedad que se encarga de gestionar los derechos de autores y editores en España.

Por todos es conocida la polémica que mantiene dicha sociedad con la mayoría de la sociedad civil, lo que ha hecho que sea una organización con muy poca popularidad, o mejor dicho, ser una de las instituciones más odiadas por los ciudadanos de a pie.

Somos muchos los que consideramos justo el cobro por parte de los autores de sus derechos, para que pueda seguir generándose cultura, lo que no tenemos tan claro es la manera de gestionar el dinero que se recauda en nombre de esos derechos de autor.

El primer punto caliente son los criterios que se tienen para cobrar los derechos, ya que se ha impuesto un sistema de cánones que hace obligatrio pagar por derechos de autor por comprar cds grabables o al hacer una fotocopia; y todo por el mero hecho de existir una susceptibilidad de realizar copias de discos, películas o libros.

El segundo punto sería el reparto de la recaudación. ¿Llega el dinero realmente a los autores? El público tiene la sensación de que solamente ganan dinero con todo esto una élite dento del mundillo artístico.

Incluso podría ir más allá y poner en duda que los autores cobren por su creatividad artística, ya que una cosa es ser autor y otra muy distinta es tener los derechos de autor; pero vamos a centrarnos en el motivo de la detención y posterior libertad con cargos de la cúpula de la SGAE.

La SGAE es una entidad sin ánimo de lucro, es decir, no debe tener beneficios, el dinero que recauda debe de llegar a sus socios una vez descontada la parte de los costos de la gestión. El problema con la justicia viene porque se han creado una serie de sociedades mercantiles (están sí que tienen ánimo de lucro) y que se han encargado de prestar diferentes servicios a la SGAE a cambio de sus correspondientes comisiones.

Casualmente estas sociedades pertenecían a personas que o formaban parte de la dirección de la SGAE o tenían un avinculación con esta directiva. Es decir, se ha creado una trama de empresas para lucrarse con los derechos de autor.

La SGAE se ha convertido en un monopolio que maneja el mercado a sus gusto, un mercado de muchos millones de euros. El foco perfecto para que se produzca el fraude. Y así ha sido según parece indicar la actuación judicial, aunque habrá que esperar al veredicto final.

El caso es grave. Se ha estado desviando dinero que pertenecía a los autores (esos a los que la SGAE dice que defiende), dinero que es pagado por todos los ciudadanos.