EL TRABAJO A TIEMPO PARCIAL GANA DERECHOS

La tradicional rigidez del mercado laboral español ha tenido uno de sus "talones de Aquiles" en la contratación a tiempo parcial, es decir, contratos que no abarcan la habitual jornada de 8 horas diarias.

 

Este tipo de contratación se ha utilizado fundamentalmente para el acceso al mercado laboral de muchas mujeres que encontraban así una cierta manera de conciliar la vida laboral con la familiar (pero ese sería otro tema).

 

Sin embargo, a la hora de acceder a las prestaciones públicas a las que da derecho la cotización a la Seguridad Social, las personas que habían cotizado con este tipo de contratos se encontraban con que se les exigían períodos de cotización fuera de toda lógica. Así por ejemplo, si para acceder a la prestación por jubilación la normativa general exigía un período mínimo de cotización de 15 años, en el caso de un contrato a tiempo parcial de 2 horas al día (el 25% de la jornada normal) esos 15 años de cotización hasta que no se había cumplido un período de 60 años: 15 años / 25%.

 

Esta clara discriminación fue llevada ante la justicia europea obteniendo la reclamante el fallo favorable del Tribunal de Justicia de la UE; fallo que fue después refrendado a nivel nacional por el Tribunal Constitucional. La jurisprudencia producida desembocó en la aprobación el pasado mes de agosto del Real Decreto-Ley 11/2013 de Protección a los trabajadores a tiempo parcial.

 

La nueva reglamentación viene a reconocer el derecho a las prestaciones sociales contributivas de las personas con contrataciones a tiempo parcial en las mismas condiciones que el resto. Así, desde ahora, para el caso que exponía anteriormente, la persona requerirá haber cotizado 15 años y no 60 y su prestación se calculará en función de su base de cotización.

 

Lo más sorprendente es que en las últimas horas la ministra de Empleo, Fátima Báñez, se ha apuntado el tanto en la reforma de la protección de los trabajadores a tiempo parcial, olvidando que si no hubiese habido una valiente que reclamó ante instancias europeas el gobierno no se habría preocupado de reparar tal situación y que ha sido la Justicia quien le ha obligado a legislar de esta manera.

 

Concretamente la ministra incide en que es un "acuerdo histórico" sobre todo para las mujeres, apuntándose así dos tantos; uno frente a las clases trabajadoras y otro frente al colectivo de las mujeres. Lo raro es que no le haya atribuido el mérito a la Virgen del Rocío, su gran aliada (según la propia ministra) contra el paro.