UN PROBLEMA DE PRIVATIZACIÓN

Mucho se está hablando en este final de año de la privatización de servicios que hasta ahora estaban vinculados casi exclusivamente con la Administración Pública. La unión de la crisis económica con la asunción del poder político por personas con ideologías consideradas neoliberales son el caldo de cultivo perfecto para esta situación.

España en un Estado de Derecho y es este mismo Estado quien debe garantizar una serie de derechos para los ciudadanos, por lo que la modificación del acuerdo tácito popular debería ser muy bien explicado a la opinión pública y contar con el máximo consenso de las fuerzas parlamentarias españolas.

Se considera que hay una serie de derechos que son inherentes al Estado (educación, sanidad, justicia, policía y ejercito) y que deben estar garantizados por la Administración, aunque en algunos puedan existir fórmulas mixtas, como en la educación o la sanidad.

Sin embargo, estos derechos llevan aparejada una gestión que es lo que se pretende externalizar con la idea de optimizar el la calidad del servicio y el coste del mismo. Se trata de separar la gestión de la actividad propiamente dicha.

En otra categoría estarían otros servicios que, tradicionalmente son gestionados por las Administraciones Públicas, pero que no tienen la categoría de derechos como tales, y en donde podríamos englobar empresas relacionadas con el turismo, el transporte, o el servicio de suministros. Estos tendrían una mayor facilidad para ser transferidos en su gestión a empresa privadas que los relacionados con los derechos básicos de los ciudadanos y que hemos detallada más arriba.

Desde un punto de vista teórico podemos estar de acuerdo con que la externalización de la gestión de todos estos servicios a empresa privadas puede optimizar el precio y la calidad del servicio, sin emabrgo a la hora de llevarlo a la práctica podemos encontrarnos una serie de inconvenientes.

El primer inconveniente lo tendríamos en cómo elegir la empresa  para gestionar estas tareas, así como en las condiciones para la concesión. En un país donde la transparencia en la actuación de las administraciones sigue brillando por su ausencia parece poco recomendable una externalización a corto plazo de las tareas administrativas.

Un segundo inconveniente estaría en las garantías que ofrecería la gestión privada. Ya hemos visto en los último meses como en los mercados financieros se ha rescatado a varias entidades con aportaciones públicas de miles de millones de euros, que salen del bolsillo de los ciudadanos en un momento en que ese dinero vendría muy bien para hacer otro tipo de políticas. ¿Podría producirse algo parecido en la gestión privada del servicio de sanidad, por poner un ejemplo? ¿Se darían nuevos casos de privatización del beneficio y de socialización de las pérdidas?

Se nos presenta la externalización como un método para el ahorro de dinero público y para la mejora de la calidad del servicio. Pero si tanto les preocupa el ahorro podrían empezar por disolver los cientos de empresas públicas que en su mayoría no gestionan ningún servicio básico. Y si quieren mejorar la calidad del servicio se puede hacer sin tener que externalizarlo, mejorando los procedimientos y la preparación del personal público.