DOLOROSA REALIDAD

El pasado viernes se aprobó una nueva reforma financiera (y van cuatro desde que comenzó la crisis) con la intervención pública sobre la entidad BANKIA en el trasfondo. El resultado es una vuelta de tuerca más en el provisionamiento de la probable pérdida de valor de los activos inmobiliarios.

Además se insta a las entidades financieras a separar del balance del banco todos los activos inmobiliarios dudosos mediante la creación de sociedades inmobiliarias, que serán quienes se dediquen a gestionar esos patrimonios, "inmobiliarias malas" en lugar de "bancos malos", pero que en el fondo son lo mismo.

Todo ellos con el salvavidas del Estado, que prestará dinero público a las entidades que lo necesiten y así lo manifiesten. Para intentar evitar un nuevo brote de indignación popular, el ministro de Economía se encargó de recalcar que el dinero público llegaría a las entidades financieras en forma de préstamo reembolsable y a un tipo de interés del 10%, el doble del que paga el Estado por su deuda pública. Con la boca un poco más pequeña explicó que en caso de que una entidad financiera no pudiese devolver el préstamo, este se transformaría en acciones del capital de la entidad.

Por mucho 10% que se exija de interés a los bancos no se pueden presentar estos préstamos como un negocio financiero para el Estado, ya que el empleo de fondos para la reestrucuración del negocio bancario tiene al menos un coste de oportunidad para la sociedad. Es decir, fondos que podrían dedicarse a estímulos directos para el crecimiento económico se deben desviar a sanear nuestro sistema financiero.

En caso de que el dinero prestado tuviese que convertirse en capital de las entidades financieras el coste para la ciudadanía vendría por considerarse esa participación un mayor déficit público. Como ya hemos visto la obsesión enfermiza de la Comisión Europea por rebajar el déficit, un aumento de este se acabaría convirtiendo en un mayor ajuste de los presupuestos públicos (¿sanidad, educación...?).

Pero la pataleta que nos suponen las ayudas a las bancas debe ser mitigada por la convicción de que en este preciso momento ese dinero es más necesario para impulsar el sistema financiero que para cualquier otra utilidad. Solo el saneamiento de los balances del sector financiero logrará que el crédito retorne a la empresas y se cree así más empleo. Este es el sistema que tenemos y esta es su realidad, por dolorosa que nos resulte.

Al menos esperemos que ya que nos toca adelantar el dinero el gobierno se asegure de que a este se le da el uso debido y no acabe siendo destinado a pingües retribuciones a miembros de los consejos de administración (bonus) o a dividendos que puedan descapitalizar a las entidades bancarias.

Y como conclusión creo que de donde más se aprende es de los errores. Así que vistos los errores cometidos, no dudemos en rectificarlos y establecer la regulación bancaria necesaria que nos permita limitar la dependencia de la banca que tiene nuestra economía.