EL PILDORAZO

Tras unos meses de jugar al gato y al ratón ya tenemos aquí el copago sanitario. En julio del año pasado ya escribí sobre este tema (ya ha llovido, y eso que hay sequía) y lo bauticé como "repago" sanitario en este blog, nombre que, he podido comprobar, también se la ha dado en muchos medios de comunicación. Esta semana ya tenemos la propuesta concreta de cómo se formulará la reforma de la financiación sanitaria.

Se pretende implantar un sistema de pago por las medicinas en función del nivel de renta de los ciudadanos. Así los pensionistas deberán abonar un 10% del costo de sus medicamentos con un tope de 8.-€/mes para quienes dispongan de una renta anual inferior a 18.000.-€. Este tope se incrementa hasta 18.-€/mes para los pensionistas que superen ese nivel de renta.

Será interesante ver cómo se concretan los límites de pago, porque en un principio se habló de pagar el 10% de todos los medicamentos y que después, cada pensionista, solicitase la devolución que le correspondiese por la diferencia pagada respecto del tope establecido para su renta. Espero que esto no sea así porque supondría que muchos pensionistas por desconocimiento, dejadez o por el escaso importe de la devolución no se molestase en solicitarla aunque tuviera derecho.

Los trabajadores que hasta ahora pagaban el 40% de los medicamentos recetados, a partir de la entrada en vigor de la reforma sanitaria, verán incrementado ese porcentaje al 50% en caso de que su renta anual supere los 18.000.-€ y al 60% si dicha renta supera los 100.000.-€.

Quedan exentos de la obligación de pago los pensionistas con pensiones mínimas no contributivas y los parados que no estén cobrando prestación por desempleo. Además la reforma pretende cerrar las puertas al conocido como turismo sanitario (ciudadanos de la UE que acuden a España a operarse por la gratuidad del servicio) y el establecimiento del Fondo de Garantía Asistencial para que los ciudadanos residentes en zonas limítrofes de Comunidades Autónomas y a los que resulta más fácil acudir a otra autonomía a recibir asistencia médica tengan garantizada dicha asistencia. Con todo ello se estima un ahorro de 7.000 millones de euros, la mitad del déficit que deben rebajar las Autonomías.

Para conseguir todo esto se implantará una tarjeta sanitaria única que contendrá todos los datos necesarios para saber qué porcentaje de los medicamentos debemos pagar. Y aquí es donde la idea choca con la realidad.

El primer obstáculo estará en la legislación de protección de datos. Si nuestra tarjeta sanitaria va a tener datos de nuestro nivel de renta puede convertirse en una fuente de información demasiado peligrosa ante robos o extravíos. Y puede que la Agencia de Protección de Datos no vea con buenos ojos que el médico o el farmacéutico sepa el estado de nuestras finanzas personales. Habría otros problemas de tipo fiscal como los relacionados con el fraude, por ejemplo.

Y lo que no nos han explicado es el costo inicial que tendrá la implantación de un sistema tan complejo de tarjetas sanitarias y lectores de información de dichas tarjetas.