Y SE CUMPLIERON 100 DÍAS

La presentación de los presupuestos generales para el año 2012 cerraba el círculo virtual que el gobierno tenía en su mente para dar estabilidad a la economía española y para que empezasen a poder cuajar las reformas planteadas (financiera, laboral...).

El cuadro macroeconómico queda definido en una contracción de la economía del -1,7% del PIB y un aumento del desempleo en 600.000 personas durante 2012. Con estos mimbres se pretende contruir un cesto de déficit del 5,3% del PIB.

Para lograr los objetivos se hace necesario un esfuerzo de consolidación fiscal inaudito en la historia moderna española. Una reducción de los gastos en todas las partidas posibles y un aumento de ingresos más basado en la fe que en la realidad económica que nos deparará lo que queda de año, incluso se confía en una regularización fiscal voluntaria de 25.000 millones de euros gracias a una amnistia fiscal (tema que habré de tratar en capítulo aparte).

Por el lado de los gastos quiero destacar tres partidas que nos darán una idea de la dificultad de realizar los presupuestos generales para este año:

1. Pensiones. Suponen un 40% del total de recursos de la Administración. Es tema tabú para los políticos, por lo que evitarán a toda costa reducir su importe.
2. Prestaciones por desempleo. Para 2012 se estima que consumirán el 10% de los ingresos públicos. Como ya hemos dicho se espera un incremento del desempleo y el gobierno anunció hasta la saciedad que no se reducirían los importes de estas prestaciones.
3. Intereses de la deuda. La deuda pública seguirá creciendo este 2012 hasta llegar al 80% del PIB, lo que con los actuales niveles de la prima de riesgo supone dedicar al pago de intereses otro 10% de los ingresos públicos (28.000 millones de euros).

A estos tres capítulos hay que añadir el gasto en nóminas de los funcionarios, que permanecerá congelado en 2012, y vemos lo estrecho que queda el margen de actuación para poder llegar a la cifra de déficit comprometida.

En resumen, unos presupuestos muy restrictivos en un período de contracción económica y que han tardado demasiado en ser presentados; sobre todo teniendo en cuenta la situación crítica de la economía española (más grave de lo que creemos) y que, debido a los plazos parlamentarios, no serán aprobados hasta el mes de junio.