¿EN QUÉ QUEDARÁN LAS PROMESAS?

El IVA es un caso curioso de nuestro sistema tributario por su forma de recaudar. Quienes lo pagan son los consumidores, pero quien debe ingresarlo son las empresas, que se convierten así en pequeños recaudadores de la Agencia Tributaria. Esto, unido a que se establece un criterio de devengo, y no de caja, para su ingreso provoca que el empresario deba ingresar en Hacienda el IVA de facturas que no ha cobrado. Por todo ello ha resultado que en tiempos de grandes retrasos en el pago de facturas como los que atravesamos, muchos pequeños empresarios hayan tenido que adelantar dinero de facturas que no han podido cobrar.

Esto hizo que una de las promesas estrella durante la campaña electoral fue la de ayudar a pequeñas empresas y autónomos permitiéndoles no tener que hacer frente al pago del IVA de facturas que no se hayan cobrado.

Fue una de las promesas estrella porque era una petición que mantenían desde hacía tiempo asociaciones de empresarios y autónomos, pero que en mi humilde parecer no era realizable, o al menos no era realizable en la manera que se le había explicado a la gente. Para hacer esta afirmación me baso en dos argumentos: uno técnico y otro legal.

Técnicamente es difícil llevar a cabo una medida como la propuesta. Obligaría a modificar impresos y modelos de declaración de la Agencia Tributaria y podría llegar a convertirse en un nicho de fraude fiscal por la dificultad de controlar los cobros y pagos de facturas, eso sin mencionar a los movimientos de dinero en metálico.

Legalmente la primera piedra con la que tropieza la medida se llama Bruselas. El IVA es un impuesto regulado para toda la UE y una modificación de este tipo debe ser primero aprobada desde los organismos comunitarios. En segundo lugar, y una vez conseguido el permiso europeo, habría que adapatar la legislación española, muy posiblemente mediante un nuevo régimen especial de tributación para el IVA.

No sé por qué me da la impresión de que finalmente, en caso de lograr validar jurídicamente esa excepcionalidad (cosa que llevaría varios meses), las condiciones que se exigirían a las pequeñas empresas para poder acogerse al critero de caja serían tales que para la mayoría no supusiera ninguna mejora ni simplificación de los trámites y gestiones.

Es muy probable que finalmente solo se permita el pago de IVA una vez cobrada la factura en el caso de transacciones con las Administraciones Públicas y para determinados importes. Asimismo, se acotará bastante, en función de su tamaño o volumen de facturación, el concepto de pequeña empresa que se pueda acoger al nuevo régimen especial.

El gobierno quiere tener preparada la esperada Ley de Emprendedores a no mucho tardar, pero conociendo como ya conocemos a los legisladores españoles, me temo que nos arrojará poca luz sobre el asunto, fiándolo todo a una posterior reglamentación que ya veremos cuándo llegará.