ESPAÑA, SOCIEDAD ANÓNIMA

En estos tiempos de recortes y ajustes presupuestarios no son pocas la voces que se erigen defendidiendo la gestión privada y asociando el funcionamiento de un estado con el de una sociedad mercantil.

Probablemente los servicios administrativos podrían tener un mejor funcionamiento mediante la gestión privada, aunque con bastantes matices; lo que no veo viable es el gestionar un estado como si de una empresa privada se tratase.

En primer lugar porque los objetivos de cada uno de ellos son distintos; una empresa privada intenta maximizar el beneficio, es decir, que la diferencia entre los ingresos y los gastos sea lo mayor posible y repartir ese beneficio entre los accionistas.

Sin embargo un estado tiene otros objetivos como maximizar la utilidad de los recursos de los que dispone (eficiencia), contribuir a la redistribución de la riqueza y a la mejora de los resultados macroeconómicos (inflación, empleo, balanza de pagos, PIB...).

No podemos justificar la eliminación de servicios públicos a la población por el mero hecho de que no sean rentables, porque las consecuencias de ese hecho serían peores que la posible pérdida económica que se produjese. Por ejemplo, un estado no puede eliminar líneas de trasnporte público a las pequeñas localidades, ya que  se produciría un despoblamiento total de la zonas rurales. 

En segundo lugar, porque el funcionamiento es distinto. La empresa privada obtiene sus ingresos por ventas o servicios prestados, mientras que en los estados los ingresos provienen básicamente de los tributos que pagamos.

Otra cosa es que, al obtener sus ingresos de esta manera, se deba hacer una fiscalización de los recursos públicos; saber cómo se gastan. Sería conveniente tener una mayor transparencia en el destino que se da al gasto y establecer una contabilidad de gestión (de costes) para saber realmente el costo de cada una de las decisiones políticas.