AUDITORÍAS A PPUNTA PPALA

Una de las primeras comunicaciones que ha hecho el PP tras su triunfo en las elecciones locales y autonómicas del 22M ha sido anunciar la realización de una serie de auditorías en las administraciones (ayuntamientos y comunidades autónomas) para descubrir el posible déficit oculto que pueden haber dejado los gobernantes anteriores, fundamentalmente en las gobernadas por el PSOE en Andalucía, Extremadura y Castilla La Mancha.

¿Quién va a relizar y quién va a pagar la realización de tales auditorías? La segunda pregunta tiene una sencillísima respuesta, pagaremos los ciudadanos. La primera me temo que se responde diciendo que empresas auditoras con algún "vínculo" con las nuevas siglas del poder.

En mi ingenuidad creía que las cuentas públicas estaban ya fiscalizadas, gobernase quien gobernase, y que esta fiscalización era realizada por entidades independientes. Pero el anuncio de la realización de las auditorías me hace pensar un par de cosas:

1. Si cada vez que cambia el partido que gobierna una administración hay que hacer una auditoría, fallan los controles a las cuentas públicas. Debería revisarse por ley la fiscalización de los presupuestos públicos y que esas revisiones tengan todas las garantías de independencia.

2. Si las auditorías que se van a realizar dependen de la voluntad de un partido político, estoy seguro de que los auditores encontrarán, en mayor o menor medida,  lo que el contratante desea.

En resumen, los nuevos gobiernos del PP nos justificarán las auditorías por el déficit encubierto que han hecho florecer, y los gobernantes pasados (básicamente del PSOE) defenderán su gestión anterior diciendo que es falso que existiese déficit oculto.

Consecuencias para los políticos, ninguna. Nadie dimite ni es inhabilitado para ejercer cargos públicos.